Para el académico es indispensable que se cuente con un Estado para el siglo XXI que aborde las muevas demandas, como el cambio climático. Además, sostiene que es necesario que Contraloría disponga de mayores herramientas para realizar su labor de fiscalización y acusa que la población percibe la instalación de distintas formas de corrupción.

Mejorar los sistemas de control en la administración pública, así como modernizar el Estado, figuran como puntos elementales para Carlos Haefner, a la hora de frenar cualquier intento de acto de corrupción. Y es que el profesor e investigador de la Escuela de Administración Pública y vicepresidente para Sudamérica del Instituto Eurolatinoamericano de Políticas Públicas, con sede en México, advierte acerca de la necesidad de contar con políticas públicas que se direccionan en esta materia. Es por ello que cuestiona que ningún candidato presidencial apunte, con energía, a una reforma que permita contar con un Estado acorde a los requerimientos del siglo XXI.

Una tarea que espera sea abordada con fuerza por la Convención Constitucional-órgano a cargo de redactar la nueva Constitución- en el debate que realiza respecto a la nueva configuración que podría tener el Estado en los próximos años. También llama a poner atención y así evitar cualquier posibilidad de que el crimen organizado o el narcotráfico empiece a “coaptar a las instituciones públicas” y analiza la determinación de Contraloría de iniciar un juicio de cuentas en contra del municipio de Puerto Montt por los gastos incurridos en la construcción de la pileta.

– ¿Cómo describiría la situación actual del país en esta materia?

– En primer lugar lo que se tiene que avanzar en probidad y transparencia es fundamental en el país porque la corrupción lo que hace es debilitar la democracia, ya que lleva a que todas las institucionalidades se fracturen y se debiliten de manera significativa, con lo que genera un problema de confianza de parte de la población a las instituciones públicas.
Ahora, en Chile existe la percepción de que se han instalado diferentes formas de corrupción y que a pesar de los avances en materia legislativa, como la creación de la Ley 21.121, que es conocida como la “ley anticorrupción”, por lo que los delitos asociados a este fenómeno parecieran tener cierto nivel de impunidad. De ahí que aparte de afectar la confianza de la población en sus instituciones, se debilite la democracia.

– ¿Qué evaluación realiza de la Ley de Transparencia?

– Tenemos una Ley de Transparencia que se activo hace algunos años; pero que aún presenta dificultades para que la población conozca de una serie de aspectos que son vitales en materias del quehacer sectorial, regional o municipal. Todo esto debilita la rendición de cuentas.
Es por ello que cuando hablamos de corrupción en el país no podemos decir que es una epidemia que esté desplegada en todos los niveles, pero si que es preocupante la forma en la que avanzan una serie de situaciones que colocan en jaque la confianza ciudadana hacia las entidades públicas. Aquí es tremendamente importante avanzar en la posibilidad de establecer estándares más altos y, al mismo tiempo, que se incorporen instituciones como sujetos obligados a estar considerados dentro de la normativa del derecho de acceso a la información.
Por ejemplo, hoy día el Parlamento no está dentro de esta normativa y representa una de las entidades en la que menos confianza tiene la ciudadanía. Es por ello, que es necesario que se trasparenten sus procesos, de forma de otorgarle garantías a la sociedad de que no hay situaciones que estén en contra de lo que dice la ética de la función pública. Lo mismo que otros organismos que reciben grandes sumas de dinero de parte del Estado, por lo que se tienen que establecer mecanismos de alto estándar de rendición de cuentas.

– ¿Cree que esta desconfianza repercute en la baja participación en las elecciones?

– Indudablemente, la población tiene la sensación de que en Chile la corrupción está vinculada a una serie de hechos y en particular a lo que se conoce como la “captura del Estado”, lo que es complejo porque guarda relación con que ciertos grupos se apoderan del legislador cuando está en el ejercicio de su cargo; pero también antes de que llegue al Congreso.
Esto, porque nosotros hemos tenido una serie de sucesos tremendamente cuestionados desde el punto de vista ético, como el financiamiento irregular de las campañas políticas.

– ¿Se requiere, entonces, de un organismo independiente que cuente con atribuciones que permitan fiscalizar, por ejemplo, al Parlamento?

– El Parlamento es un órgano independiente del Estado, por lo que en lo que se debe avanzar es en la línea de lo que dice el Consejo de Transparencia. Es decir, que sean sujetos obligados a la normativa de acceso al derecho de la información. Ahora, mucho se habla desde el punto de vista de que la manera de resolver los temas de la “captura del Estado”, que tiene que ver con el nepotismo, soborno y con actos reñidos con la función pública, es a través del aumento significativo de legislaciones o penas asociadas a este conflicto.
Sin embargo, la evidencia que muestra la OCDE, a la cual nosotros pertenecemos, es que estos avances son limitados en la población porque, en el fondo, lo que se necesita es contar con una infraestructura institucional que permita avanzar hacia lo que se denomina una cultura de la integridad de la función pública, lo que implica disponer de estructuras normativas adecuadas que permitan, justamente, una mejor gobernanza y una menor corrupción.

– ¿Cómo evalúa la labor de Contraloría?

– Cumple un rol bastante esencial en el país. Sin embargo, tiene que ser reforzada. Se le deben entregar más recursos y contar con más funcionarios y atribuciones, de forma tal que tenga calidad, oportunidad y pertinencia en su trabajo. Un principio fundamental que va de la mano con las arquitecturas legales o de castigos más severos al sistema de la corrupción. Aquí agregaría lo significativo que es el avance del control ciudadano, puesto que todos debemos ser verdaderos contralores del ejercicio de lo público.

– ¿Se cumple con la entrega de información del Consejo para la Transparencia?

– Es un proceso perfectible. Existe una Ley de Transparencia Activa que tiene que ver con la entrega de información oportuna a los demandantes, que somos todos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad; pero todo ello se puede mejorar. Hay que recordar que el Estado presenta un nivel de heterogeneidad bastante significativa, situación que está vinculada con la oportunidad y la información que se entrega.

EDUCACIÓN CÍVICA

– ¿Se requiere de educación cívica para que la comunidad cumpla con el rol fiscalizador?

– La educación cívica es bastante débil en nuestro proceso educativo. Ahora, no hemos internalizado el concepto del bien común, lo que significa que nosotros, no solamente tenemos derechos, sino que también obligaciones respecto a nuestra sociedad. Aquí no se está frente a un proceso de mercado, sino de cómo vamos construyendo una sociedad más solidaria, participativa y transparente. Y en esto lo importante es que lo entienda el Estado, que tiene la obligación de transparentar sus acciones y procesos que le permitan al ciudadano entender bien cuáles son los roles de los diferentes servicios que existen, los bienes y servicios que provee y los tiempos y oportunidades para acceder a ellos, de manera de que no tengamos un ciudadano desinformado. Hay que avanzar hacia una modernización del Estado, lo que tiene que ver con modelos de procesos distintos, eficientes e innovativos. Aquí, la innovación anticipativa y no reactiva, debe ser incorporada como uno de los ejes estratégicos de esta modernización del Estado.

– En materia de fiscalización, ¿cómo evalúa el rol de los concejales en los municipios?

– Hay que tener claro que los municipios son la puerta de entrada de las políticas públicas. Es la institución que tiene la mayor cercanía con los ciudadanos, por lo que son clave para el desarrollo local y son fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dada la lógica de proximidad. De ahí que el rol de los ediles sea tremendamente significativo, pero no se ha logrado fortalecer su capacidad fiscalizadora y propositiva desde el punto de vista de lo que debe contener una acción pública municipal orientada al desarrollo territorial, lo que es tremendamente grave.
Junto con ello, sus capacidades para proponer líneas de acción están bastante limitadas ante la fuerza y poder que tienen los alcaldes.

“EN MARCHA”

– ¿Cómo analiza la situación judicial del alcalde Gervoy Paredes, respecto a la investigación que realiza la Fiscalía por la compra de propiedades?

– Hay una investigación en marcha en esta materia, por lo que es muy poco lo que se puede decir al respecto. No se pueden estructurar juicios y se tiene que esperar lo que diga la justicia. Pero más allá del caso específico de Puerto Montt, hay que considerar que hemos estado observando demasiados ejemplos, durante los últimos años, respecto a corrupción municipal, lo que es grave desde el punto de vista de la gobernabilidad de nuestro país, dado que estos constituyen la puerta de entrada de todas las políticas públicas por lo que si no hay una eficiente y transparente gestión municipal los recursos públicos se van a la basura y, por lo tanto, no se responde a las necesidades de la población más vulnerable del país. La corrupción cuesta mucho dinero al Estado y atenta contra el desarrollo. Es una amenaza para el proceso democrático.

– Al alcalde también se le abrió un juicio de cuentas en la Contraloría por los $602 millones que se invirtió en la pileta de la Plaza de Armas…

– Esto nos lleva a revisar los proceso de control interno de los municipios. Yo digo que a veces están descontrolados y por eso hay que poner sobre la mesa, con el apoyo de Contraloría, el fortalecimiento de las capacidades de control y de auditoría interna de los municipios. Además, quienes estén a cargo de estas labores deben ser personas que no sean de confianza de los alcaldes, sino que ingresen por concurso, por Alta Dirección Pública, para que tengan una independencia que les permita decir que no a situaciones que estén fuera de la legalidad o de los procesos administrativos. Un alcalde se tiene que asegurar que su gestión sea impecable porque maneja recursos de toda la ciudadanía.

– ¿Cómo ha visto esta temática, de modernización del Estado, en los programas de los presidenciables?

– La verdad es que en estos programas hay varios puntos que están ausentes y uno de ellos tiene que ver con la modernización general del Estado. Se ha hablado, de alguna manera, de eliminar muchos cargos o de un aumento del gasto público, pero no se ha planteado como se reformará este Estado para que se haga cargo de los derechos sociales. Ninguno apunta a lo que podríamos llamar una reforma del Estado para el siglo XXI.
Además, tenemos gobernadores regionales elegidos de manera democrática, lo que es un avance significativo desde el punto de vista de la descentralización y de participación ciudadana, pero hay que aumentar sus capacidades y competencias para que gobiernen el territorio. Tenemos ciertas modernizaciones, pero a medias. El aparato sectorial hace mucho tiempo que muestra fallas de funcionamiento, lo que quedó en evidencia en la pandemia. Es decir los procesos de transformación digital del Estado constituyen una materia que deberíamos profundizar rápidamente para construir uno que genere bienes y servicios oportunos, de calidad y que sea efectivo para la población utilizando todo lo que es la información y la revolución digital. Hay otro problema que se nos viene encima y que es la llamada cuarta revolución industrial y sobre eso los candidatos no dijeron nada significativo. Un fenómeno obviado. Seguimos hablando de muchos temas pendientes de la agenda del siglo XX; pero no tenemos una mirada productiva del futuro, lo que es lamentable, porque un país que no piensa en el mañana será atropellado por las tendencias sin realizar acciones que le permita modificarlas y construir un futuro posible y diseñado para toda la población.

– La Convención Constitucional debate respecto a un nuevo régimen político. ¿Siente que considera a este nuevo Estado?

– Para el siglo XXI necesitamos contar con un Estado fortalecido, renovado y con una nueva centralidad. La pandemia ha demostrado que tiene y necesita tener centralidad porque si no hubiese sido por eso toda la historia del fortalecimiento de las instituciones de salud, que hemos tenido a través de décadas de políticas públicas, no hubiésemos tenido una respuesta como la que se ha dado para enfrentar la pandemia. Sin embargo, esta misma ha dejado entrever una serie de debilidades y fragilidades de la gestión estatal que deben ser abordadas ya. No es posible, hoy día, establecer un Estado social, de derechos sociales, sobre la base de uno que está absolutamente fragmentado y con altos niveles de descoordinación y con evidentes problemas de eficiencia en el diseño y en la implementación de programas públicos. Por lo demás, cualquier discusión sobre el Estado tiene que vincularse a los escenarios del siglo XXI, como el cambio climático, la contaminación, matriz energética y calidad de bienes y servicios públicos. Y si bien la Constitución no puede hacerse cargo de todas las temáticas pendientes en la agenda, espero que en el debate salga con mucha fuerza el fortalecimiento de las instituciones para eliminar cualquier tipo de conductas ilícitas y que apunten a un desmedro de las oportunidades de desarrollo y que están asociadas a la corrupción.

“La corrupción cuesta mucho dinero al Estado y atenta contra el desarrollo. Es una amenaza para el proceso democrático” “Un alcalde se tiene que asegurar que su gestión sea impecable porque maneja recursos de toda la ciudadanía”

El Llanquihue